Si bien es innegable que las mujeres han conquistado innumerables espacios en las últimas décadas, la superación efectiva de las desventajas históricas que han sufrido las mujeres sigue siendo una deuda para el Uruguay actual. Tanto en lo que refiere a la participación política, al acceso al poder, a los recursos culturales, económicos y sociales, las mujeres uruguayas siguen estando rezagadas. La discriminación en el mercado laboral no es una excepción. A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado del empleo ha aumentado cinco puntos porcentuales con respecto a la de los varones en la última década, persisten las inequidades de género en las tasas de actividad, de empleo y de desempleo, en las remuneraciones salariales y en el acceso a determinados puestos de trabajo, que provoca la concentración de las mujeres en un determinado tipo de ocupaciones y su exclusión a posiciones de poder y toma de decisión.
El Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector de las políticas de género del Estado uruguayo, tiene una especial preocupación por alcanzar un desarrollo productivo que incorpore el principio de la equidad de género1, entendiéndolo como una condición sine qua non para alcanzar una verdadera justicia social para todas las personas. Respondiendo a dicha preocupación la Ley Nº 18. 104 de Promoción de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre hombres y mujeres y el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA), en la Línea Estratégica 33 se compromete al “desarrollo de medidas para que organizaciones públicas y privadas integren en su gestión organizacional la equidad de género asociada a las competencias del personal.”
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